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En un procedimiento administrativo en materia tributaria, los รณrganos jurisdiccionales deben evaluar y otorgar el mรฉrito probatorio que corresponda a los medios probatorios aportados por el contribuyente, pese a que se hayan presentado en forma extemporรกnea en la etapa administrativa, para cautelar los derechos al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva.ย 

Este es el principal criterio interpretativo jurisprudencial que se desprende de la sentencia recaรญda en la Casaciรณn Nยฐ 8363-2021 Lima, emitida por la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia en aplicaciรณn del principio de verdad material.

Con este fallo, la sala suprema declara infundados los recursos de casaciรณn de aquel expediente interpuestos en un proceso contencioso-administrativo, delimitando las funciones de los รณrganos jurisdiccionales administrativos en materia tributaria.

Antecedentes

En el caso del citado expediente, una empresa, como contribuyente, interpone demanda contenciosa-administrativa para que se declare la nulidad parcial de la resoluciรณn de un colegiado administrativo, asรญ como la nulidad de una decisiรณn previa , de una resoluciรณn de determinaciรณn de deuda tributaria y otra de multa.

A la par, solicita que mediante un pronunciamiento de plena jurisdicciรณn se reconozca la deducciรณn de los costos referidos a un pago de regalรญas y la suficiencia de los sustentos documentarios que acreditan las operaciones materia de reparo.

El juzgado de primera instancia declarรณ fundada la demanda, en apelaciรณn a la sala superior competente confirmรณ esta decisiรณn, por lo que las entidades demandadas interpusieron recursos de casaciรณn alegando, entre otras razones, que el colegiado superior al emitir su fallo incurriรณ en infracciรณn normativa por inaplicar los artรญculos 141 y 148 del Cรณdigo Tributario (CT), referidos a los medios probatorios extemporรกneos y admisibles, respectivamente.

Decisiรณn

En casaciรณn, la sala suprema no advierte tal infracciรณn, en tanto lo seรฑalado por el fallo de la sala superior se sustenta en el derecho al debido proceso fijado en el inciso 3 del artรญculo 139 de la Constituciรณn.

Tal derecho no solo tiene una dimensiรณn jurisdiccional, sino que tambiรฉn se extiende al procedimiento administrativo, conforme a lo desarrollado por el Tribunal Constitucional (TC) en la sentencia del Expediente Nยบ 00156-2012-PHC/TC, seรฑala el supremo tribunal.

Advierte que para el TC el fundamento principal por el cual el debido proceso resulta aplicable a los procedimientos administrativos reside en que la administraciรณn pรบblica estรก sometida a la Constituciรณn y, por ende, a las garantรญas procesales que esta reconoce.

Asรญ, la sala suprema colige que las garantรญas del debido proceso tambiรฉn se aplican en sede administrativa, por lo que los administrados, en el procedimiento, tienen como mรญnimo los derechos a exponer sus argumentos; ofrecer, producir y actuar pruebas, y a obtener una decisiรณn motivada y fundada en derecho.

Esto implica que la autoridad analice cada uno de los pedidos de la parte y le indique por quรฉ su pedido estรก o no justificado en las pruebas producidas y actuadas en el procedimiento, precisa.

Tambiรฉn del anรกlisis de los fundamentos de la sentencia del colegiado superior, la sala suprema no determina la infracciรณn denunciada, en tanto la inaplicaciรณn de los artรญculos 141 y 148 del CT concuerda con la protecciรณn del derecho al debido proceso, teniendo en cuenta que parte de este es el derecho a la prueba.

A tono con ello, la sala suprema indica que el artรญculo 29 del Texto รšnico Ordenado (TUO) de la Ley Nยบ 27584, que regula el proceso contencioso-administrativo (LPCA), aprobado por el Decreto Supremo Nยบ 011-2019-JUS, dice que โ€œEn el proceso contencioso-administrativo la actividad probatoria se restringe a las actuaciones recogidas en el procedimiento administrativo [โ€ฆ]โ€. Asรญ, esta norma refiere que en la etapa jurisdiccional se analizarรกn los medios probatorios que consten en el expediente administrativo, sin establecer que se trate de medios probatorios valorados en la etapa administrativa, sino que se refieran a los hechos alegados durante esta, explica el colegiado supremo.

Asimismo, advierte que las instancias de mรฉrito, en el procedimiento contencioso tributario soslayaron el principio de verdad material, aplicable supletoriamente conforme a la norma IX del Tรญtulo preliminar del CT. En mรฉrito a este principio, tales entidades debieron verificar los hechos que sirvieron de motivo a sus decisiones, para lo cual debieron adoptar las medidas probatorias necesarias autorizadas por ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas, detalla.

Por ende, colige que correspondรญa que tales entidades, admitieran y valoraran los medios probatorios presentados en forma extemporรกnea para determinar la fehaciencia de las operaciones observadas y dar cumplimiento al principio de verdad material.

Por lo expuesto, entre otras razones, la sala suprema declara infundados los referidos recursos de casaciรณn.

Garantรญa fundamental

A diferencia de lo que ocurre en el procedimiento administrativo, en el proceso contencioso-administrativo existe una garantรญa constitucional fundamental, como es el principio de plena jurisdicciรณn, seรฑala el tributarista, Percy Bardales. Este principio, aรฑade, tiene diferentes manifestaciones, una de las cuales supone dejar de lado la mera legalidad o formalidad del acto administrativo, para lograr la bรบsqueda de la decisiรณn justa en el caso concreto. De modo tal, el experto sostiene que en materia tributaria este principio supone tutelar el principio de capacidad contributiva. Si para lograr que se respete la capacidad contributiva se requiere que se admitan y valoren medios probatorios a fin de establecer una correcta y justa tributaciรณn, es importante que el juez tome las acciones necesarias para que se cumpla tal mandato constitucional, incluso de oficio (como ocurriรณ ya en otros criterios establecidos por los รณrganos judiciales), explica Bardales que labora como socio en Litigation Tax Services en EY en el Perรบ.

Verdad material:

La bรบsqueda de la verdad material en materia tributaria, manifestaciรณn procedimental directa del principio de capacidad contributiva, supone que se admitan o se ordene a la autoridad tributaria admitir y valorar pruebas que permitirรกn establecer una correcta tributaciรณn, indica Bardales. 

Sostiene que bien hace la Corte Suprema en establecer que las reglas de admisiรณn de pruebas previstas en el CT solo son aplicables para la vรญa administrativa. 

Para la vรญa judicial, debe primar lo previsto en el artรญculo 29 de la LPCA, su interpretaciรณn conforme a la Constituciรณn y, lo mรกs importante de este criterio, conforme a los tratados internacionales, concluye el tributarista.

Fuente: El Peruano

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